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viernes, 21 de septiembre de 2012

HISTORIA INSTITUCIONAL SECRETARÍA DE EDUCACIÓN BOGOTÁ (segunda parte)


1         Entre Dirección e Inspección General (Acuerdo 17 de 1938)

Cinco años después, en 1938, se retoma la propuesta de creación de una Dirección que, como lo afirma el cabildante Germán Zea Hernández y próximo alcalde de Bogotá, en la Exposición de motivos, responda “a la necesidad imperiosa de unificar la acción educativa del Municipio. En efecto, hoy las actividades educacionistas municipales se desarrollan en forma dispersa y quizás inconexa, y son dos o tres las dependencias que ejercen estas funciones y por consiguiente hay necesidad de crear una entidad plenamente responsable que pueda presentar los problemas, que confronte al Órgano Ejecutivo o al cabildo y proponga sus convenientes soluciones”[1].

Con número 17 se expide el Acuerdo que si bien, en su primera versión, vuelve a la denominación de Dirección, en la norma final se borra por el de Inspección General de Educación y Propaganda Cultural, como se puede apreciar en los folios que recogen la exposición de motivos:



Pero tal cambio no fue accidental. Pesaba nuevamente en el régimen planteado por la Ley 39 de 1903, el papel de la autoridad departamental y los límites planteados a los municipios en asuntos relacionados con la educación[2]. En su segundo intento, la idea de una instancia administrativa y autónoma para el gobierno de la educación municipal, que crecía en complejidad, cedía ante la normatividad vigente que los constreñía a una figura de inspección dependiente de la Secretaría de Gobierno, como estaba planteado hasta ese momento. Una situación que perdurará hasta su creación como Distrito Especial en 1954 y la puesta en funcionamiento de la SED un año después.
Ahora bien, en pleno apogeo de la reforma educacionista y hegemonía de los gobiernos liberales, la Inspección General articula la educación, con lo que en su momento se denominó como propaganda cultural, dentro de una estructura dispersa y confusa, que incluirá los nuevos escenarios culturales y deportivos de la ciudad, además de los asuntos relacionados con la educación primaria y complementaria, una Secretario Ecónomo de la Dirección, un Jefe de Propaganda Cultural, una Dirección y Subdirección de la cual dependen múltiples actividades y asuntos (desde los negocios generales, la educación física, la inspección de restaurantes escolares hasta el censo escolar), además de tener bajo su responsabilidad la Plaza de Toros, el Estadio El Campín y el Teatro al Aire Libre, como se puede apreciar en el siguiente diagrama incluido en una publicación oficial de 1939[3].
Ahora bien, los nuevos elementos que tendrá la Inspección General de Educación y Propaganda Cultural de 1938, también denominada Dirección Municipal de Educación, se pueden apreciar en el organigrama anterior[4]: el primero, que acoge las inspecciones dispersas y fija un rango directivo, el de Inspector General; el segundo, que además de la dimensión propiamente escolar, en lo que respecta a la instrucción primaria y la complementaria (de artes y oficios, industrial y profesional) hace explicito el tema cultural a manera de propaganda o mejor, de una facultad extensiva de la escuela, que ahora coloca en un mismo plano la formación en escuela y más allá de la escuela, a través de la cultura y sus diferentes estrategias y mecanismos y los nuevos escenarios que ya tenía la ciudad concebidos con motivo de la celebración de sus 400 años. A ello contribuyeron, además, por qué no decirlo, las ideas y propuestas generadas desde el recién creado Departamento de Urbanismo de la capital que lideró el Plan Ciudad Futura (1933), coordinado por Karl Brunner quien, con sus planteamientos y realizaciones, polémicos en algunos casos– hace confluir diferentes ámbitos de la ciudad, en un momento en el que el país experimenta las reformas de la revolución en marcha y el afianzamiento de la institucionalidad.

Efectivamente, la década del treinta marca de manera significativa la importancia de pensar la ciudad futura, próxima a celebrar sus 400 años de fundación y rondando una población de 300.000 habitantes: en 1932 el municipio crea el Instituto de Acción Social de Bogotá que busca atender el problema de habitaciones para obreros; en 1933 la ciudad autoriza la contratación de un nuevo acueducto para Bogotá, una necesidad urgente del municipio[5] y crea, al interior de la Secretaría de Obras Públicas Municipales, el Departamento de Urbanismo “encargado del planeamiento de la ciudad futura, del estudio de la legislación que reglamente las urbanizaciones y facilite la apertura y ensanche de las vías urbanas y, en general, de todos los problemas de urbanismo relacionados con el desarrollo de Bogotá” [6].

En dicho Acuerdo se autoriza la contratación, por tres años prorrogables, de “un técnico urbanista europeo que haya proyectado el plano de algunas ciudades suramericanas de más de trescientos mil habitantes”. Este urbanista sería Karl Brunner, quien llegó a la ciudad en 1934[7]. Podría afirmarse que gran parte de sus acciones estuvieron enmarcadas en la celebración del IV Centenario de la fundación de la ciudad, dentro del plan de mejoras y de obras públicas proyectadas, entre las que se consideraron las siguientes: el nuevo acueducto, la red de alcantarillado, la pavimentación de las vías públicas de la ciudad, la construcción del Paseo Bolívar, los hornos crematorios de basura, el alumbrado público, la planta pasteurizadora de leche, además de la construcción de seis edificios para grupos escolares, con capacidad de 300 escolares, la arborización y construcción de alamedas, la construcción del asilo-escuela, de la cárcel, el establecimiento del Plano Bogotá Futura (con el Departamento de Urbanismo), las construcciones lideradas por el Instituto de Acción Social, el Cementerio del Sur, el Aeródromo Municipal, el Estadio Central, la intensificación de los servicios de higiene, entre otros[8]. Y efectivamente, muchas de estas obras se materializaron y otras se proyectaron para los próximos años.

Ahora bien, como una forma de dar cuenta de la obra educativa generada en la ciudad durante la década del treinta, Roque Casas muestra las realizaciones y las particularidades de la educación en el municipio, haciendo explicita su intención de mostrar los “primeros efectos de un cambio de régimen en la educación, después de implantadas, con positivo y laudable provecho, las normas de la nueva escuela pedagógica, o escuela activa de la educación”[9]. La importancia de mostrar estas realizaciones buscaba contrarrestar los diversos tropiezos y el estado caótico en el que se encontraba la educación en la nación: “carencia de locales, escasez de maestros, absoluta falta de higiene, material humano desnutrido, averiado por los parásitos, distante de la protección oficial, sumido en ultrajante ignorancia y sujeto a un sistema pedagógico que arruinaba las facultades intelectuales”[10].

Era necesario, entonces, aprender de la experiencia de la capital cuando en el país la tarea más urgente y prioritaria seguía siendo: sanear e higienizar, instruir y civilizar. El documento de Roque Casas hace visibles los progresos, lo retos y los problemas de la educación en Bogotá, realizando diversas visitas a instituciones escolares y de extensión cultural que se registran en múltiples gráficas, una labor de difusión de principios y realizaciones que espera sean tenidos en cuenta en otros municipios de la geografía nacional[11].

Uno de los primeros elementos que resalta el informe está relacionado con “la construcción técnica de edificios escolares, de acuerdo con las urgentes normas pedagógicas”[12] y la necesidad de avanzar en este sentido, pues a pesar de los avances, a finales de la década de los años treinta la situación seguía siendo crítica para la demanda de la capital: insuficiencia de escuelas, desproporción entre solicitud de matrícula y cupos disponibles, promedio de 53 alumnos por maestro, que en palabras de Roque “resulta evidentemente excesivo, si se tiene en cuenta que la mayoría de las escuelas funcionan en casas arrendadas, impropias para una labor integra, por lo reducido de las aulas, por falta de servicios higiénicos en número suficiente, por carencia de patios de recreo, etc. etc.” [13]. En ese momento el municipio sólo contaba con 125 aulas de su propiedad, construidas especialmente para escuelas. Se calculaba en 100 el déficit de escuelas y para ello se estaba avanzando en la organización de “escuelas de emergencia”, como se decía en aquella época.

Además, la obra educativa de ciudad incluía de manera privilegiada a los maestros y su formación, en un proceso más amplio de dignificación de la profesión que durante la década del treinta será testigo de la creación de la Facultad de Ciencias de la Educación y su posterior fusión en la Escuela Normal Superior (1936), creada en la capital durante el primer gobierno de Alfonso López Pumarejo y en donde se formó una élite de brillantes intelectuales en los campos de la ciencias sociales, la lingüística y las ciencias puras.

El informe señala también los avances en la organización escolar en lo que corresponde a la inspección, a la difusión de la técnica escolar basada en los principios de la escuela activa, a la relación de los padres de familia con la escuela, a las organización de cooperativas escolares, a la Cruz Roja escolar, el fomento al excursionismo; aspectos que ponen de presente un redimensionamiento de la labor educativa no centrada en la instrucción y circunscrita a los muros de la escuela.

En lo que respecta a la enseñanza complementaria emergen en el panorama urbano de la Bogotá de los años treinta los institutos profesionales dirigidos a obreros y artesanos de ambos sexos. Ya desde 1916 se había dispuesto la apertura de un Taller Municipal de Artes y Oficios para niños pobres[14]. Diez años después, y haciendo eco a las sugerencias de la Misión Pedagógica Alemana, su número se incrementará a cuatro, funcionando en las primeras horas de la noche, con una diferenciación de edades y secciones: adultos y niños en donde sólo se admitían “alumnos obreros manuales e hijos de obreros manuales”[15]. Lo interesante es observar cómo participa la Alcaldía y el Consejo, en este caso particular, a través de una junta especial que se denominó de “Escuelas talleres para obreros”, la cual estaba formada por tres miembros y un secretario (el señor Alcalde de la Ciudad, el señor Inspector escolar y un miembro del Concejo).

Cabe anotar que las acciones del municipio relacionadas con educación para los obreros, se llevan a cabo en desarrollo de los preceptos de la Ley 39 y su decreto reglamentario. Varios son los intentos y muchas las adecuaciones hasta crear los Institutos Profesionales, que partiendo de las escuelas-talleres, afinan su organización y dotación, fortaleciendo su acción extensiva a la población. En 1939 funcionaban dos para mujeres y uno para hombres, financiados en su totalidad por el municipio: el Instituto Profesional para Señoritas del Norte, que ofrecía las especializaciones en Comercio y Telegrafía y estaba dotado con máquinas de escribir y aparatos radiorreceptores para las prácticas correspondientes; el Instituto Profesional para Señoritas del Sur, que enseñaba modistería, sastrería, sombrerería, tejidos, trabajo en mimbre, guarnición, culinaria, horticultura y avicultura; y el Instituto de Varones, “la mejor organización con que cuenta el municipio para la preparación de obreros y artesanos”[16]. Estaba dotado con un taller de forja, con seis forjas completas; un taller de carpintería, mecánica y manual; un taller de fundición; un taller de zapatería; un taller de sastrería; un taller de talabartería; un taller de plomería –donde se trabajaban objetos en plomo, estaño, latón y otros materiales– y un taller de automovilismo –donde se preparaban choferes mecánicos–.

Atendiendo a las necesidades de la población que no podía asistir a los colegios de segunda enseñanza o secundaria, el Concejo creó la Escuela Media de Comercio, con horario nocturno. Duraba tres años y se enseñaban los conocimientos básicos del bachillerato más tres especializaciones en mecanografía, taquigrafía y comercio.

La Inspección General (o la Dirección de Educación Municipal) incluía dentro de su organización a la Inspección de Restaurantes Escolares. Aquellos habían tenido un gran empuje en la administración del presidente López Pumarejo y la experiencia de la capital le permitió garantizar el funcionamiento de restaurantes escolares en 41 barrios de la ciudad a los cuales asistían 6.450 niños de todas las escuelas y contaban con un financiamiento compartido entre la nación y el municipio.

Además Bogotá se había dado a la tarea de organizar la educación física no sólo en las escuelas sino también en los todos los centros obreros de la capital, garantizar el servicio médico escolar, el servicio dental, la peluquería escolar, la enseñanza agrícola en los institutos municipales y en algunas escuelas primarias; frentes de acción que se hacían visibles en el organigrama y en el presupuesto de la Inspección General.

Desde 1938 y durante algunos años de la década siguiente, la capital garantizó el servicio de transporte escolar, que además de acortar distancias para aquellos niños que vivían lejos de la escuela, respondía a “uno de los factores educativos cuyos resultados son patentes en la nueva pedagogía y que consiste en las excursiones escolares”[17]. Con una flota de ocho buses se transportaba en promedio a 86.000 escolares por mes, recorriendo un total de 15.560 kilómetros.

Como ya se anotó, la Inspección General lo era de Educación y también de Propaganda Cultural. El Jefe de Propaganda Cultural, entre otras actividades, debía liderar las campañas de alfabetización que había iniciado el alcalde de la ciudad Manuel Antonio Rueda Vargas, en 1936, y que dio paso a la apertura de institutos nocturnos en diversos barrios de la ciudad. Igualmente esta jefatura tenía bajo su responsabilidad la Casa de la Cultura (fundada en 1938), las actividades relacionadas con el cine educativo, la coordinación de espectáculos públicos en la Plaza de Toros y en el Teatro al Aire Libre (obsequiado por la colonia inglesa con motivo del IV Centenario de la ciudad), liderando también la campaña de cultura general en los barrios obreros, las propagandas de cultura cívica y la emisión de la “Escuela del Aire”, un programa radial apoyado por la Radiodifusora Nacional en el que participaban alumnos, profesores y directores de educación.

Como se puede apreciar, la dimensión de la Inspección General se amplía y despliega en todos los órdenes de la vida educativa y cultural, haciendo presencia en escenarios que hasta el momento no hacían parte de acción institucional alguna en la educación de la ciudad. Esta efervescencia se verá matizada y en cierta forma diluida en los años posteriores. El mundo entra en guerra: Colombia y su capital no escapan a sus efectos[18]. En nuestro caso particular tendrá otros ingredientes de carácter político y social: “La reacción conservadora y la ferocidad de la expansión capitalista que se produjo después de la segunda guerra mundial, dio al traste con este proyecto. La violencia cubrió de luto campos y ciudades por lo menos durante 15 años. El país entró a la modernidad, pero por otra vía diferente al del Estado Nación que en su momento era preciso. El desarrollo nos impuso otra lógica y ya no habría más educación nacional. Allí comenzaría otra historia”[19].

Después de la normativa de 1938, aparecerán dos propuestas en 1949 y 1950: la primera, el Acuerdo 92 expedido en noviembre de 1949:


Este proyecto de Acuerdo será objetado por el Alcalde por considerarlo improcedente, invocando la Ley Orgánica de 1903 y reclamando el fuero del Ejecutivo, en este caso el Alcalde, en asuntos relacionados con la educación pública, situación que desconoce el citado acuerdo, como lo afirma con vehemencia el alcalde Santiago Trujillo en su objeción, pues “al pretender entregarla, en la esfera municipal, a una Junta en el que el Ejecutivo apenas está representado por uno de los siete miembros que la constituyen. El Alcalde será en aquella Junta de poderes limitados un simple convidado de piedra”[20], composición que se puede apreciar en el texto original incluido arriba.

La segunda propuesta saldrá a la luz pública un año después, a través de un decreto fechado en diciembre de 1950[21], por el cual se reorganiza el Departamento de Instrucción Pública del municipio, bajo la estructura de la Inspección General y que corresponde a la siguiente organización:

Esta normativa y el contexto en el cual surge, indican una situación todavía difusa para la educación pública en la capital, situación que persistirá en los años siguientes y en donde se hace evidente la importancia de una instancia administrativa que fije las políticas y oriente las acciones de la educación pública en la capital. Tal proceso apenas se iniciará con la creación de la Secretaría de Educación en 1955, como podrá apreciarse en el siguiente apartado.


[1] Exposición de motivos, Acuerdo 45 de 1938, por el cual se crea la Dirección Municipal de Educación y se determina su funcionamiento (fol. 400).
[2] Además la propuesta de Dirección tenía el inconveniente de asimilarse a una Secretaría: “Que, según una jurisprudencia autorizada: Los Secretarios de la Alcaldía de Bogotá, ejercen por sí o por delegación las mismas funciones que los Secretarios Departamentales, son de su misma categoría, tienen mando administrativa [sic], civil y política (Sentencia de Mayo 10 de 1928.- Anales No. 164, Página 108, Tomo XXI)”. Ver: Alcaldía Mayor de Bogotá. (24 de marzo de 1960). Decreto 231 de 1960. Por el cual se determinan las funciones de la Supervisión Escolar de la Secretaría de Educación del Distrito Especial. Bogotá.
[3] Ver: Casas, R. (1939), óp. cit., s.p.
[4] En estos años es común ver nominaciones distintas a las que se encuentra en la normativa, y como se puede apreciar en este diagrama, incluido en una publicación institucional sobre la Educación Pública en Bogotá en 1939, pervive la nominación de “Departamento de Instrucción Pública del Municipio” con el de “Dirección Municipal de Educación”, aunque en la norma vigente se lo denomina “Inspección General de Educación y Propaganda Cultural”.
[5] Ver: Acuerdo 24 de 1933 (agosto 9), por el cual se autoriza la celebración de un contrato con la Nación para la construcción del nuevo acueducto de Bogotá.
[6] Ver: artículo 2, Acuerdo 28 de 1933, por el cual se crea el Departamento de Urbanismo en la Secretaría de Obras Públicas Municipales.
[7] En 1923 la ciudad ya había tenido una experiencia previa con “Bogotá Futuro” (1923). Mediante el Acuerdo 42 de 1933 (diciembre 7) se aprobó el contrato con el profesor urbanista Karl H. Brunner.
[8] Ver: Acuerdo 34 de 1933 (octubre 8), por el cual se determina el plan de mejoras y de obras públicas que deberá desarrollarse en celebración del cuarto centenario de la fundación de Bogotá.
[9] Casas, R. (1939), óp. cit., p. 7.
[10] Ibíd.
[11] El mismo autor también escribió (1943) Educación Pública del Tolima. Ibagué: Imp. del departamento, 47 p.
[12] Casas, R. (1939), óp. cit., p. 14.
[13] Ibíd.
[14] Acuerdo 38 de 1916 (septiembre 7), por el cual se dispone la apertura de un Taller Municipal de artes y oficios para niños pobres.
[15] Acuerdo 8 de 1926 (abril 29), por el cual se modifica y complementa el acuerdo número 38 de 1916.
[16] Casas, R. (1939), óp. cit., p. 21.
[17] Casas, R. (1939), óp. cit., p. 40.
[18] Uno de los hechos más significativos será la aprobación, en febrero de 1940, de 60 nuevas escuelas que equivalían a 60 nuevos maestros.
[19] Álvarez Gallego, A. (2005). La educación pública en Bogotá, setenta años hace… Bogotá: s.p.
[20] Ver: Objeciones al Acuerdo 92 de 1949, por el cual se crea el Departamento Municipal de Educación, Espectáculos y Deportes y se dictan otras disposiciones.
[21] Decreto 663 de 1950 (diciembre 3), por el cual reorganiza el Departamento de Instrucción Pública del Municipio.

HISTORIA INSTITUCIONAL DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DE BOGOTÁ (primera parte)


ARCHIVO DISTRITAL DE BOGOTÁ

CORPORACIÓN INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO EDUCATIVO
CIDE




HISTORIA INSTITUCIONAL
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DISTRITAL
- SED -




JORGE ORLANDO CASTRO VILLARRAGA
ÁNGEL PÉREZ MARTÍNEZ
ALEJANDRO ÁLVAREZ GALLEGO
Investigadores

JESSICA PÉREZ PÉREZ
JORDI ROMERO
Asistentes de investigación




Bogotá, 2012

Tabla de Contenido

La Corporación Internacional para el Desarrollo de la Educación Superior, CIDE, creó un equipo de muy alto nivel académico y con amplia experiencia en la Administración de Bogotá en el campo social con el propósito de participar en la Convocatoria Pública N° 119-2011 de la Asociación Colombiana para el Avance de la Ciencia, ACAC y el Archivo Distrital. Esta convocatoria tenía como objeto realizar la investigación de las historias institucionales, correspondientes a los sectores de Integración Social y Educación, así: 1.Historia Institucional de la Secretaría Distrital de Integración Social. 2. Historia Institucional del Instituto Distrital para la Protección de la Niñez y la Juventud – IDIPRON. 3. Historia Institucional de Secretaría Distrital de Educación. 4. Historia Institucional del Instituto para la Investigación Educativa y el Desarrollo Pedagógico –IDEP- y; 5. Elaborar y presentar, con base en los estudios e investigaciones aquí realizadas, recomendaciones de modificación o propuestas de ajustes, complementos o supresiones que se consideren necesarios o convenientes al Método de Investigación en Historia Institucional propuesto por la Universidad del Rosario y el Archivo de Bogotá.

La CIDE ganó el concurso previsto en la Convocatoria No 119-2011 y cuatro meses después entregamos al Archivo Distrital, a la ACAC, a los investigadores y a la Ciudad los documento que desarrollaron la historia institucional de las cuatro (4) entidades, de acuerdo con el Objeto de dicha convocatoria, y  la propuesta para fortalecer la Metodología del Archivo Distrital para elaborar historias institucionales. Este documento, que hace parte de la Historia del sector de educación, fue elaborado por un grupo que coordinaron los profesores e investigadores Jorge Orlando Castro y Alejandro Álvarez.
La investigación para elaborar el proyecto de historia institucional, de cuatro de las entidades oficiales del sector social de Bogotá, fue una gran oportunidad para la CIDE de contribuir al conocimiento institucional de la ciudad y para conocer la evolución de las entidades públicas, así como su desarrollo normativo, organizacional y funcional. Esperamos que estos documentos ayuden a consolidar y a fortalecer las políticas públicas del sector social de la ciudad. No menos importante es el propósito de  aportar a la memoria de la Ciudad y en particular a una de sus fuentes históricas más preciadas y con enorme potencial como es el Archivo Distrital.

Con este tipo de investigaciones el Archivo Distrital estimula a centros de investigación, a investigadores y a profesionales de la administración pública a reconocer la existencia de metodologías y formas de abordar el desarrollo institucional de la ciudad, a partir de reconocer la historia de las instituciones oficiales como un objeto de conocimiento que está ligado al desarrollo del Estado y al contexto político, social, económico y cultural en el cual éste se crea y evoluciona, junto con las entidades e instituciones que conforma su organización administrativa.

Finalmente, reconozco y agradezco la labor del Doctor Ángel Pérez Martínez quien preparó la propuesta de la CIDE y coordinó este proyecto en la elaboración de cada uno de los documentos. También,  a los investigadores y asistentes de investigación a quienes valoro el esfuerzo y la enorme calidad metodológica, conceptual e investigativa de este trabajo.

JAIRO ORLANDO RODRÍGUEZ
RECTOR

El trasegar de la Secretaría de la Educación de Bogotá en más de cincuenta años de vida institucional ha estado caracterizado por múltiples hechos y acontecimientos que hacen parte también de la historia social, política y educativa del país. Sobre la educación en Bogotá existen diversos trabajos, ya sea enfatizando su dimensión social y política, ya sea mostrando su historia en diferentes momentos, o circunscribiendo su análisis a un diagnóstico como preámbulo a una propuesta de gobierno o plan de acción. En fin. El tema de la educación en Bogotá es tan amplio e interesante, que es previsible la continuidad de estudios al respecto, toda vez que la comunidad interesada en centros académicos o en entidades gubernamentales y no gubernamentales sigue creciendo[1].

Sin pretender ser una historia social o una historia de la educación en sentido estricto, el trabajo que a continuación se presenta, inscrito en un programa más amplio de historias institucionales en las cuales está empeñado el Archivo de Bogotá desde hace más de una década, tiene un acento particular: el de mostrar aquellos hitos claves que han caracterizado su vida institucional desde su gestación y posterior despliegue como entidad distrital encargada de la prestación del servicio educativo en la ciudad. El surgimiento de una institución no es un asunto de azar, pues tal acontecimiento se corresponde con un ideario, con una intencionalidad, y asume la lógica de las organizaciones según el momento histórico y el contexto en el cual surge. En últimas, la gestación de cierta institucionalidad política, que tiene un foco visible en una u otra institución, es indicativa de la apuesta de una sociedad, de un proyecto de nacionalidad, de una opción de gobierno sobre la ciudad, el país, la población.

Quizás este sea uno de los elementos más valiosos de la historias institucionales: el de permitir focalizar la mirada, acentuar los análisis desde la interioridad que fija un engranaje normativo, una estructura de direcciones y secciones, que en uno u otro agrupamiento, en su recomposición o en su exclusión en la siguiente, son indicativas de las apuestas, de las prioridades, de lo que en su momento y bajo ciertas condiciones, los decisores de política y los administradores de la misma, definen y visualizan como lo más pertinente.

No es gratuito, pues, que una Subdirección Académica haya ganado el lugar preponderante que tenía una Dirección Operativa que a su vez había dejado de lado a una División Pedagógica que, en la misma creación de la SED, no existía. Efectivamente, el surgimiento de la División Pedagógica y el Instituto de Especialización para el Magisterio (1959) se corresponde con el énfasis asignado en la década del sesenta a la educación primaria (como se evidencia con la expedición del Decreto 1710 de 1963 y la llegada al país de la Misión Pedagógica Alemana); diferente a la Dirección Operativa (1972), que a finales de la década del ochenta se denominó como Dirección de Administración y Supervisión Educativa y que materializó toda una concepción de mejoramiento cualitativo centrada en el diseño previo de la enseñanza, difundiendo una visión instrumental del trabajo en las escuelas a partir de la introducción de la tecnología educativa y la generalización del proceso de renovación curricular que se empeñó en la elaboración de “un currículo a prueba de maestros”[2]; contraria al surgimiento de la Subdirección Académica (1995) gestada en un momento en el cual, más que operar y administrar, era prioritario seguir el derrotero trazado por el movimiento pedagógico y la Ley General de Educación, en donde la prioridad fue fijar las bases para la interlocución de carácter académico con los nacientes proyectos educativos institucionales y con los colectivos de maestros al frente de las instituciones educativas.

Otro tanto ocurre con el surgimiento de la Dirección de Investigación para la Educación –DIE– al interior de la SED (1972), en un momento en el cual funcionaba el ICOLPE a nivel nacional y la investigación de carácter socioeducativa se considera como estratégica y fundamental para la orientación de la política; o la creación en 1998 de dos subdirecciones, a falta de una, para aspectos relacionados con la gestión de procesos administrativos, cuando la Subsecretaría Administrativa se divide en dos: Subsecretaría Administrativa y Subsecretaría de Planeación y Finanzas, bajo la prioridad concedida a la cobertura, la calidad y la eficiencia. Asuntos todos ellos reconfigurados, no sólo en términos de reestructura administrativa y funcional sino también de ampliación del horizonte institucional, cuando en el año 2008 se propone la última transformación de la SED, ahora desde un enfoque de derechos.

Tales reacomodamientos y reagrupamientos, tales presencias y ausencias, más allá de una valoración positiva o negativa, lo que indican son las formas específicas de la política institucionalizada, en cuyo devenir es factible reconocer hitos, rupturas, discontinuidades de los cuales hace eco el trabajo que a continuación se presenta, combinando un análisis de contexto con un seguimiento a la interioridad misma de la institución, recogida en cada uno de los seis apartados en que está dividido el trabajo que presentamos a continuación:

1. La política educacionista liderada por la Dirección Municipal de Educación de Bogotá (1933-1950)

En este primer periodo se pone de relieve el contexto y los antecedentes de la SED, con una primera alusión al conjunto de prioridades que después de la Guerra de los Mil Días se fijan para el país. Se hace mención, entre otros aspectos, a la Ley Orgánica de 1903 y al posterior despliegue de discursos, organizaciones y planes gubernamentales en donde las direcciones de instrucción pública (especialmente la del Departamento de Cundinamarca), las escuelas y los maestros juegan un papel fundamental en el proceso de instrucción e higienización de la población. Igualmente, se hace mención a la Ley 56 de 1927 que crea el Ministerio de Educación (anteriormente de Instrucción y Salubridad Pública), al debate sobre la educación como un asunto público unido a los desarrollos de los gobiernos liberales de la década del treinta. Atendiendo al núcleo investigativo, este periodo es clave, pues en 1933 se crea la Dirección de Educación Pública de carácter municipal[3] hecho que por sus efectos políticos y su composición administrativa, hace evidente la importancia estratégica que la educación tiene durante los años treinta, asunto ratificado en 1938.

2. La onda planificadora y el reto modernizador: gestación y surgimiento de la Secretaría de Educación (1950-1972)

Este periodo aborda las condiciones y características políticas, sociales y demográficas en las cuales se creó la SED y sus posteriores adecuaciones institucionales, en un momento en que el municipio de Bogotá se transforma en Distrito Especial con la anexión de 6 municipios. En una primera parte se hace referencia al nuevo orden planteado por el periodo de la posguerra, la estrategia del desarrollo en donde la educación es piedra angular y la importancia concedida a los organismos de cooperación técnica internacional en la educación y su planificación. Por otro lado, se hace mención al conjunto de prioridades que asume el Estado para su modernización, el papel de la Misión Currie y la Misión Lebret, el Primer Plan Quinquenal de Educación, la Alianza para el Progreso, la reforma administrativa de 1968 y los esfuerzos de escolarización que tienen múltiples repercusiones en la naciente metrópoli. En el caso particular de la SED, además del análisis de sus primeras estructuras orgánicas, se hará una mención especial al Departamento de Planeación de la SED[4], unidad que tendrá a su cargo la elaboración de todos los planes educativos para desarrollar en el Distrito, la adaptación de los planes nacionales y la supervisión del desarrollo de los mismos.
En el contexto de ciudad y su relación con la educación, se hace alusión al Plan Regulador liderado por Le Corbusier y su visión funcional de lo urbano, unido al plan de construcciones escolares durante las décadas del cincuenta y del sesenta. En otro plano de análisis, este apartado dará cuenta de la División Pedagógica de la SED, de la política de educación primaria y media de carácter nacional (por ej. el Decreto 1719) unido al papel que cumplió en su momento el Instituto de Especialización para el Magisterio y la formación continua de los maestros y profesores de la capital.

3. La SED: entre el mejoramiento cualitativo de la educación y el movimiento pedagógico (1972-1990)

En esta etapa se abordan algunas de las repercusiones de la reforma de 1968 en el gobierno de la ciudad y en la educación. Teniendo en cuenta el núcleo investigativo este espacio de tiempo tiene como referencia la reestructuración de la SED en 1972[5],, las relaciones elaboradas entre educación-ciudad-planeación a partir del PIDUZOB y su proyecto de educación, la SED y el FER en aspectos relacionados con la administración de recursos. Por otro lado, se busca mostrar el papel de la SED en el desarrollo del proyecto multinacional de tecnología educativa y el proceso de renovación curricular (Proyecto Bogotá) a través de la DIE-CEP. Estos procesos liderados, por el Distrito, tendrían repercusión de carácter nacional (por ej. Decreto-Ley 088/76 y 1476/78).

En este contexto se analizará el paso de la División Pedagógica a la Dirección Operativa en la estructura orgánica de la SED y sus implicaciones en las discusiones generadas durante la década del ochenta en torno al Movimiento Pedagógico, el papel de la ADE y los maestros de la capital en ese debate y las nuevas adecuaciones generadas en el marco del mejoramiento cualitativo de la educación. De igual manera, durante este periodo tiene un auge importante la investigación socioeducativa (por ej. ICOLPE para el ámbito nacional), que en el caso del Distrito se concreta con la creación de la Dirección de Investigación para la Educación –DIE– (creada en el mismo Acuerdo 27 de 1972) y que años después ampliará sus funciones como Centro Experimental Piloto –CEP– en el marco de la reforma educativa nacional de 1976. Cabe resaltar que dado que este periodo cubre la décadas del setenta y ochenta el trabajo mostrará la confluencia de diversos movimientos sociales, en especial el de los de maestros y su incidencia sobre las políticas educativas de la ciudad que afectarán la composición y la orientación de la SED durante estos años.

4. La SED y el Distrito Capital: nuevos vientos, momento de transición (1991-1997)

Este periodo centra la mirada en la transición generada por tres hechos de gran trascendencia para el país y la ciudad: el primero de ellos, la discusión en torno a la constituyente y el Estado Social de Derecho que sustenta la Constitución de 1991; el segundo, la discusión y expedición de la Ley General de Educación (1994); y el tercero, la creación del Distrito Capital y la expedición del Estatuto Orgánico de la ciudad (1993). En este marco, se configuran nuevos escenarios de participación (concertación de planes sectoriales, foros) y nuevos planos para el desarrollo de la autonomía en el gobierno de la ciudad en todos los órdenes (social, político administrativo, financiero, cultural y obviamente, educativo). Ello involucra una serie de adecuaciones y aprendizajes, que en el caso de la SED implicó, por ejemplo, que en un lapso estrecho de tres años se presentara igual número de reestructuraciones[6].

5. La SED y el énfasis en la gestión y la administración de la educación (1998-2003)

En los años posteriores a la transición, la SED tiene un énfasis particular en garantizar el ciclo de mejoramiento de los procesos administrativos y de gestión institucional. Se opta por desarrollar proyectos y propuestas que garanticen la cobertura, calidad y eficiencia, en correspondencia con la Ley 715 de 2001. Se consolida el proceso de integración de sedes educativas en una institución escolar (integración) y se empieza el proceso de descentralización a través del fortalecimiento de los CADEL. La gestión de la calidad, los asuntos relacionados con cobertura, calidad y eficiencia y, en general, el ciclo de mejoramiento (evaluación por competencias, los colegios en concesión, los factores asociados a la calidad, la integración de las instituciones educativas), son asuntos de primer orden que implicaron para la SED dos reestructuraciones: la primera en 1998 y la segunda en 2001[7].

6. La educación como un derecho y la construcción de las políticas públicas en el Distrito Capital: nuevos rumbos para la SED (2004-2010)

Sin dejar de lado aspectos relacionados con la calidad y la cobertura, durante este periodo el enfoque de las acciones de la SED busca redimensionar todo lo que atañe a la construcción de política pública en el marco de la educación como un derecho y no solamente como un servicio. En este apartado se hace énfasis en la reestructuración de la SED (Decreto 330 de 2008) generada en el marco de la sectorización de las instituciones del Distrito (2006)[8], el fortalecimiento de la educación oficial materializado en los planes sectoriales y las implicaciones de la reestructuración de la Secretaría de Educación desde el enfoque de derechos: Derecho a la disponibilidad, Derecho al acceso, Derecho a la permanencia, Derecho a la calidad.
Cabe anotar que el trabajo desarrollado en torno a la historia institucional de la Secretaría de Educación parte de la identificación de aquella normativa que da cuenta de su creación, sus posteriores reglamentaciones, las adecuaciones a que ha dado lugar y sus reestructuraciones más significativas. Pero esta mirada a la institución a su vez suscitó preguntas por sus condiciones de posibilidad y, en nuestro caso particular, por el peso de la ciudad, de lo urbano a través de la sectorización, por ejemplo, o la densificación poblacional, la distribución de localidades y núcleos de desarrollo económico que entran en juego. En este sentido, la institucionalidad política que aborda la historia institucional nos planteó el reto de advertir no solamente los acomodamientos normativos sino el juego estratégico en el cual está involucrada, las formas de apropiación y circulación de las políticas de Estado, la configuración de prácticas y nuevas formas de relación entre los sujetos, los nuevos ámbitos y los nuevos saberes que convoca.

En el trabajo propuesto se identificaron diversos núcleos de análisis que orientaron la consulta y el procesamiento de la masa documental que soporta el estudio, a la vez que permitió fijar los límites y las posibilidades de una historia institucional. En nuestro caso particular, la periodización propuesta tuvo el reto de corresponder con esta especificidad, de mostrar el despliegue de esta institucionalidad en relación con un contexto más amplio, advirtiendo también sus límites: nuestro foco de atención, nuestro núcleo investigativo estuvo en la institución misma. La presente historia institucional de la Secretaría de Educación busca dar cuenta de esta complejidad, articulando los designios de las políticas de Estado con aquellas generadas desde el gobierno de la ciudad en torno a la educación, a través de un análisis de la condiciones de surgimiento, despliegue y consolidación.

De igual manera, los hitos señalados fueron analizados como efecto de relaciones de fuerza (saber-poder), que de una u otra manera indican las prioridades y la puesta en funcionamiento de unas intencionalidades que lideran gobernantes locales y nacionales, unas directrices que fijan y promueven organismos estatales e internacionales; unos lineamientos generados, en años recientes, desde ámbitos de participación y concertación con organizaciones y movimientos sociales que, en el caso de la educación pública, han venido contribuyendo en la construcción de las políticas públicas como un escenario y una estrategia deseable e irrenunciable para la orientación de la educación en la ciudad, una ciudad de derechos.

1         Las prioridades municipales: instrucción e higienización

Bogotá saluda el advenimiento del siglo XX en medio de la Guerra de los Mil Días, una más dentro de una serie de guerras civiles que han dejado su huella trágica en la historia política y social de Colombia. Entre el caos y la confusión reinantes, el Estado durante la primera mitad del siglo XX, bajo regímenes conservadores y liberales, buscará por todos los medios convocar a las multitudes y a la sociedad en general a refrendar el principio jurídico de ordenamiento contenido en la ley en el marco de los preceptos constitucionales de la Constitución de 1886. Se trataba de regenerar esa patria que “hemos convertido en un campo de horror, en el cual sólo se ven las columnas de humo de los combates y la sangre de infinitas víctimas sacrificadas por el monstruo de la guerra civil”[9]. Y los gobiernos, nacional y municipal buscaron encauzar el país y la ciudad al nuevo siglo y enfrentar los problemas vigentes. En el ámbito nacional las reformas constitucionales buscarán materializar una voluntad política, que tendrá dentro de sus pilares el fortalecimiento de la institucionalidad del Estado y de manera particular la defensa de la población invocando su restauración moral y física:

Las actuales generaciones están enfermas por el odio y carcomidas por la ambición política. De ellas muy poco tiene que esperarse en la grande obra de la regeneración de la patria. Toda la esperanza hemos de cifrarla en las generaciones futuras. Reformemos los métodos de enseñanza para que la instrucción y la educación nacionales formen hombres capaces de dar prosperidad y gloria a Colombia[10].
Y Bogotá no fue ajena a ello. Durante la primera mitad del siglo Bogotá era todavía un municipio, capital del departamento de Cundinamarca, situación vigente hasta 1954 cuando se erige como Distrito Especial. Con una población de 100.000 habitantes en 1905, a finales de la década del treinta ronda los 300.000 y en 1950 su población alcanza más de 600.000 habitantes.
La “Atenas Suramericana” a la sazón discurría en lo administrativo como un municipio con un crecimiento modesto, haciendo un esfuerzo por asimilar los retos del urbanismo y del progreso, conjugando las acciones de gobierno de la ciudad con los requerimientos de la naciente clase obrera y el mejoramiento de sus condiciones de vida, de instrucción y de higiene, de vivienda y de acceso a los servicios públicos de agua, luz, teléfono y transporte.

Durante las primeras décadas del siglo XX, campos y ciudades fueron testigos de las consecuencias de la guerra: cuerpos marchitos y desvanecidos por el hambre, la ignorancia y las enfermedades brindaban un cuadro sobrecogedor, recogido en crónicas y noticias de la nación, panorama denunciado por ensayistas y políticos de la época. A esta situación contribuyeron los problemas de chichismo y alcoholismo, de sífilis, lepra y tuberculosis, además de epidemias generalizadas como la gripe de 1918, problemas que afectaban a la población en general y de manera particular a niños y jóvenes. La defensa de la población, su regeneración a partir del cuidado del cuerpo, del baño, de la higiene individual y colectiva, de la alimentación y el cambio de hábitos de comportamiento, serán una prioridad de los gobernantes. Hacia esta acción defensiva se encaminan gran parte de las acciones de gobierno a nivel nacional y a nivel municipal, en donde las escuelas, los maestros y los médicos jugarán un papel primordial.

Así se puede constatar en los considerandos del Acuerdo 22 de 1917 que crea la Inspección médica de las escuelas primarias y de los talleres de labores y oficios del municipio:
1º Que es indispensable que los niños que concurran a las escuelas municipales del Municipio, gocen de salud y no estén expuestos a contraer enfermedades contagiosas por el contacto con niños que desagraciadamente estén enfermos;
2° Que es necesario formar la estadística de los niños que por idiotez, deformación o por lesiones orgánicas, no puedan o no deban concurrir a las escuelas existentes, a fin de disponer, si fuere del caso, la creación de escuelas especiales para ellos; y
3° Que es preciso que se cumplan en las escuelas en cuanto sea posible, todas las prescripciones de higiene[11].

Los nuevos actores son los médicos en las escuelas y el municipio dispondrá de los recursos para su pago. La higiene es el tema para directores de escuela, la información sobre la población afectada y las condiciones de higiene es requerida por la Alcaldía para su conocimiento, en fin, es necesario conocer a cada niño y a cada niña a través del examen antropométrico: “La higienización de las escuelas y examen de los niños, se dividirá proporcionalmente entre los tres médicos escolares”[12]. Nuevos saberes, nuevos sujetos y nuevas acciones de gobierno para el municipio.

Educar pasa por garantizar el cultivo de los cuerpos, sin castigarlos, sin violentarlos: vigilándolos, registrando su estado de salud, estableciendo cuadros comparativos de endemias y epidemias a nivel municipal, involucrando hábitos de higiene e informando a los directores y directoras de escuelas sobre asuntos relacionados con la higiene, llamando la atención sobre las consecuencias de los vicios, advirtiendo a los infractores, definiendo estados de anormalidad, fijando procedimientos de examen, diagnosticando y previniendo, excluyendo o configurando escuelas especiales. Higienizar e instruir es un paso necesario hacia la regeneración, la garantía de la vida se basa en el funcionamiento de mecanismos y prácticas correctivas que permitan la habituación y la defensa de los cuerpos. Bogotá se comprometerá con este imperativo de gobierno y ello afectará la agenda de instrucción pública del municipio.

La díada instrucción e higiene tendrá implicaciones en la legislación municipal en torno a las construcciones escolares, sustentadas en las reiteradas denuncias sobre las condiciones locativas en donde funcionan las escuelas, usualmente casas arrendadas a particulares que no se correspondían con los nacientes cánones de higiene y menos aún con los planteamientos de la nueva pedagogía, basada en la actividad y movimiento del niño. De nuevo, se hace evidente la importancia atribuible al espacio destinado a la escuela y este es un problema que debe afrontar la ciudad, tanto en sus directrices como en la apropiación de los recursos respectivos. Así puede leerse en el Acuerdo que da vida al Fondo de Construcciones Escolares en 1924, en el cual se organiza una comisión “integrada por los señores presidente del Concejo, alcalde municipal, inspector escolar, director de obras públicas y director de higiene, encargada de elegir los sitios y de estudiar los planos de los edificios, para lo cual tendrá en cuenta los planos de la casa Pearson & C. y los que posee la dirección de instrucción pública de Cundinamarca”[13].

2         La política educacionista y el surgimiento de la Dirección Municipal de Educación pública de Bogotá (1933)

Para la organización escolar de Bogotá durante las primeras décadas del siglo XX no existía ninguna instancia particular de carácter municipal. Existían las inspecciones, pero el grueso de los asuntos relacionados con la educación era potestad de la Dirección Departamental de Instrucción o Educación Pública de Cundinamarca. En general, muchas eran las necesidades y pocos los caudales con los cuales contaba el erario público para los asuntos escolares, y cualquier iniciativa al respecto requería del aval no solamente del Concejo o la Alcaldía, sino de la Secretaría de Gobierno a la cual estaba adscrita la Dirección de Educación. Los municipios, como rezaba la Ley Orgánica de 1903, eran responsables de la construcción de las escuelas; al departamento correspondía el nombramiento y el pago de maestros y a la nación, fijar las directrices de política y la inspección y vigilancia. Así estaba planteado en la Ley 39 Orgánica de La Instrucción Pública, expedida en 1903 y reglamentada por el Decreto 491 de 1904, una normativa que tendría vigencia a nivel nacional durante casi todo el siglo XX.

Sin embargo, la capital y sus cabildantes generaban permanentes propuestas y pudieron materializar para la década del treinta una obra educativa no conocida por la nación pero de gran importancia para la historia de la ciudad y para la historia institucional de lo que hoy conocemos como la Secretaría de Educación. Tales avances, incluso estuvieron más allá de las adecuaciones institucionales. Así ocurrió a finales de 1933 con la fugaz creación de la Dirección de Educación Pública Municipal, adscrita a la Secretaría de Gobierno, pero con una estructura y lucha por la autonomía en el direccionamiento de la educación en la capital que desbordaba las exigencias de su momento, e incluso planteó un choque de competencias entre la Gobernación y la Alcaldía[14], dirimido a favor de la primera, pero que generó un conjunto de acciones y realizaciones educativas que referencia Roque Casas en su presentación de la obra educativa de la capital en 1939[15].

Más allá de la estructura orgánica ideal planteada en 1933, así fuese objetada y modificada posteriormente hasta su configuración como Inspección General de Educación y Propaganda Cultural en 1938 (que a la postre funcionaba como una dirección), es evidente para la década del treinta el marcado interés y una intencionalidad de la acción política en donde la educación y la extensión cultural, unidas, jugarán un papel primordial y estratégico. El Estado y la ciudad están comprometidos en generar una política educacionista y las acciones previas y posteriores a los acuerdos 52 de 1932 y 17 de 1938, expedidos por el Concejo de la capital, son prueba de ello.

Ya no basta solamente con la instrucción y la complejidad del problema implica diferenciar la acción pública de la higiene y la instrucción, desde el punto institucional. En la nación, en 1927, ya se había dado un paso fundamental en esta vía al crear el Ministerio de Educación[16] que dejaba a un lado su doble función de Ministerio de Instrucción y Salubridad Públicas[17]. Asimismo, en el ámbito nacional resonaban todavía los planteamientos y conclusiones de la Misión Pedagógica Alemana (1925) y las tesis de la nueva pedagogía llegaron a ser una meta del Estado a partir de los aportes de Bernal Jiménez, de la consolidación de experiencias como la del Gimnasio Moderno (1914) y de manera particular, por los aportes y contribuciones de Agustín Nieto Caballero, nombrado por el ministro de Educación Carrizosa como primer Director General de Educación Primaria y Normal (1932-1936). Durante estos años se gestó la reforma de las normales, se creó la Facultad de Ciencias de la Educación que años después se transformaría en la Escuela Normal Superior (1936). Después vendría el gobierno de López Pumarejo, quien a través de sus ministros de Educación López de Mesa y Darío Echandía lograría una nueva transformación institucional del Ministerio de Educación en el marco de la reforma educacionista de honda trascendencia para el país y para la ciudad, ratificada por Jorge Eliécer Gaitán como ministro de Educación ya en la presidencia de Eduardo Santos.

La primera pincelada de la Dirección de Educación del Municipio se cumple a través del Acuerdo 52 de 1933 por el cual se busca reglamentar “la función instruccionista del Municipio de Bogotá”, invocando para ello la Ley 39 y la potestad que tenía el municipio en lo que respecta a la enseñanza complementaria y dejando constancia además de su obligación en el suministro y amueblamiento de los locales para las escuelas primarias “según las prescripciones de la pedagogía moderna”[18]. Esta delegación fue una preocupación permanente en los años posteriores, dadas las graves condiciones de los locales y un hecho palpable y de profunda preocupación: las condiciones estructurales y locativas de las escuelas; de las cuales el municipio tenía una proporción muy pequeña de locales propios que además no habían sido construidos según las prescripciones de la pedagogía moderna con problemas en sus condiciones de higiene.

Situación que se plantea de manera clara en la exposición de motivos del Acuerdo 52: “Convencida vuestra comisión de que la construcción de locales para escuelas es de una inaplazable urgencia para la ciudad, por la circunstancia de que los locales que hoy paga el Municipio son completamente inadecuados para los fines a que se destinan, ha estimado que la única manera de solucionar en forma rápida y eficaz ese problema, es el de proveer lo antes posible a levantar las edificaciones que reúnan determinadas condiciones de higiene y de eficiencia pedagógica para servir el ramo instruccionista municipal (sic)”[19].

Este Acuerdo lo que busca precisamente es evitar la toma de arrendamientos de locales sin previo concepto del Consejo Técnico Municipal, una instancia nueva, que no existía en la ciudad y que estaría encargado “de fijar la política educacionista, de determinar el régimen científico de los establecimientos docentes, de reglamentar los concursos para la provisión de cátedras para las escuelas complementarias, de fijar los sitios en donde deban construiste los edificios destinados a escuelas primarias, de conformidad con el Artículo 2 de este Acuerdo, de señalar sus condiciones higiénicas, de redactar los pliegos de cargos para los contratos de las obras correspondientes al Departamento de Educación municipal, y de entenderse con la Nación y el Departamento para armonizar en cuanto sea posible la acción de estas dos entidades con la del Municipio”[20].

Como puede apreciarse, el rol de este Consejo Técnico es fundamental, no sólo por las decisiones sobre los locales de las escuelas, sino por la responsabilidad que le compete en la configuración de la política educacionista del municipio, interlocutor de naturaleza colegiada, con las instancias de orden nacional y departamental. Su composición así lo constata:
El Consejo técnico de Educación municipal será integrado en la forma siguiente:
a. El Secretario de Gobierno,
b. El Director municipal de Educación;
c. El Director Municipal de Higiene;
d. El jefe de la Oficina de Ingeniería sanitaria, y
e. El Presidente de la Comisión de Instrucción pública del Concejo[21].

Esta instancia tenía, a su vez, que gestionar la creación de un curso de perfeccionamiento para maestros en el cual se debían matricular todos aquellos que irían a dirigir las escuelas a partir de 1935. Una situación que denotaba básicamente la forma como el municipio estaba abordando un problema real: la formación de los maestros, situación denunciada por Agustín Nieto Caballero, señalada por la Misión Pedagógica (1925) y sobre la cual la nación había respondido con la creación del Instituto Pedagógico para Señoritas y la Facultad de Ciencias de la Educación en la Universidad Nacional (1932) para la formación de supervisores y profesores para la secundaria. Sin embargo, la enseñanza primaria y la formación de los maestros tenían graves deficiencias. La propuesta del municipio planteaba la suspensión por un año de la toma en arrendamiento de nuevos locales, hasta tanto no se regulara técnicamente estas asignaciones, situación que generó la inconformidad de la Gobernación, alegando la inconveniencia, la ilegalidad y la interferencia de la Alcaldía y el Consejo de la ciudad en asuntos que no eran de su competencia.

El Acuerdo contemplaba también el nombramiento de dos inspectores escolares y la creación de cinco escuelas complementarias para niños obreros que hubiesen terminado sus estudios de primaria (Escuela-taller de mecánica; una Escuela-taller de zapatería y sastrería; Escuela-taller de construcciones, carpintería y ebanistería; Escuela de comercio y Escuela-taller de industrias textiles). Igualmente, se abrirían dos talleres de artes y oficios para mujeres (el primero, de bordados, tejidos, sastrería, modistería, sombrerería, guarnición, flores y otras labores manuales; y el segundo de contabilidad, mecanografía, taquigrafía, telegrafía e idiomas). Estos talleres debían incluir además “una cátedra de higiene sexual, y de economía doméstica”[22].

Unos meses después, ya en 1934, el Acuerdo será modificado dos veces [23]. La última, en agosto, a grandes rasgos define lo siguiente:
·         Se crea una Escuela-Taller de educación profesional e industrial para niños de ambos sexos, con cuatro talleres anexos, con una granja escolar de experimentación.
·         Se abren dos escuelas taller para niñas.
·         Se crea el cargo de Inspector de las escuelas talleres del Municipio.
·         Se crea la Junta Asesora de Educación del Municipio, “cuyas atribuciones reglamentará la Dirección Departamental de Educación”. Las siguientes son las bases de su acción:
a) organizar y reglamentar el funcionamiento de las Escuelas-Talleres;
b) reglamentar los concursos de provisión de cátedras en dichos establecimientos.
c) fijar los sitios donde han de construirse los edificios destinados a las escuelas primarias que el municipio está obligado a suministrar, así como señalar los locales que el mismo municipio tiene que proporcionar para la enseñanza primaria;
d) mantener presente a todo instante ante el Ministerio de Educación Nacional el anhelo de una reforma fundamental en los métodos y orientaciones de la Instrucción primaria y normalista;
e) estar en contacto permanente con la Dirección de Educación Departamental a fin de obtener su cooperación en las reformas que dentro de las leyes y ordenanzas sea factible introducir en la instrucción primaria y profesional, así como gestionar ante esa entidad la creación de un curso de perfeccionamiento para maestros;
f) oír previamente a los médicos escolares en sus dictámenes sobre las condiciones higiénicas que debían reunir los locales que se tomen en arrendamiento para uso de las escuelas, antes que se formulen los contratos […][24].

Lo anterior además de revisar los contratos, garantizar las condiciones de aseo de los locales, atender las quejas de los alumnos en las escuelas de primaria de las escuelas talleres, visitar periódicamente las escuelas y elaborar los proyectos de acuerdo sobre instrucción municipal.

El Consejo Técnico previsto inicialmente se redefine al crear la Junta Asesora de Educación Municipal compuesta por:
a. El Director de Educación del Departamento;
b. El Presidente de la Comisión de Instrucción pública del Concejo;
c. El Alcalde de la ciudad;
d. El Inspector de las Escuelas-Talleres del Municipio;
e. El Secretario de Obras públicas municipales y
f. El Director Municipal de Higiene.
La política instruccionista del municipio volvía así el fuero a la Gobernación y la Dirección de Educación del Departamento.



[1] Al respecto se puede resaltar el trabajo desarrollado por el IDEP con diferentes proyectos que a su vez incluyen publicaciones asociadas. Dentro de ellos se destaca la Historia de la Educación en Bogotá, un compendio en dos tomos que incluye 19 ensayos, publicado en 2002.
[2] Al respecto ver: Martínez, B. A., Noguera, C. E., & Castro, J. O. (2003). Currículo y Modernización: Cuatro décadas de educación en Colombia (2 ed.). Bogotá: GHPP - UPN - Cooperativa Editorial del Magisterio.Martínez, Noguera, & Castro. (2003) y Castro, J. O. (2002). El proyecto Bogotá: Apuntes sobre Tecnología Educativa y Modelo Curricular en Bogotá. En IDEP (Ed.), Historia de la Educación en Bogotá (Vol. II, págs. 200-215). Bogotá: IDEP.
[3] Ver: Acuerdo 52 de 1933 (diciembre 29), por el cual se reglamenta la función instruccionista del municipio de Bogotá. Este acuerdo da vida a la Dirección de Educación Pública (art. 4).
[4] Ver: Acuerdo 110 de 1959 (diciembre 7), por el cual se dictan medidas reorgánicas de educación en el Distrito Especial de Bogotá y otras disposiciones.
[5] Ver: Acuerdo 27 de 1972 (diciembre 9), por el cual se señala la estructura administrativa y el funcionamiento de la Secretaría de Educación y se dictan algunas disposiciones de carácter cultural.
[6] Ver: decretos 842 de 1995, 443 de 1996 y 1236 de 1997.
[7] Ver: decretos 538 de 1998 y 816 de 2001.
[8] Ver: Acuerdo 257 de 2006 (noviembre 30), por el cual se dictan normas básicas sobre la estructura, organización y funcionamiento de los organismos y de las entidades de Bogotá, Distrito Capital, y se expiden otras disposiciones.
[9] Ver: Instrucción Pública. (1927). Disposiciones vigentes. Exposiciones de motivos con prólogo del doctor Antonio José Uribe. Bogotá: Imprenta Nacional.
[10] Ibíd.
[11] Ver Acuerdo 22 de 1917, por el cual se crea la Inspección médica de las Escuelas primarias y de los Talleres de labores y oficios del municipio, pp. 182-184.
[12] Ibíd., artículo 7, p. 183.
[13] Ver artículo 3, Acuerdo 20 de 1924 (junio 24), sobre construcción de edificios para las escuelas públicas del municipio
[14] La Ley 72 de 1926, sobre facultades al municipio de Bogotá, sostenía que el Alcalde Municipal de Bogotá es Jefe de la Administración Pública en el municipio, ejecutor de los acuerdos del Concejo y Agente inmediato del gobernador (art. 1).
[15] Ver: Casas, R. (1939). La educación pública en Bogotá. Bogotá: Sección de publicaciones y propaganda cultural. Imprenta Municipal.
[16] La Ley 56 de 1927 dispuso que “desde el 1º de enero de 1928 el Ministerio de Instrucción y Salubridad Públicas se llamará Ministerio de Educación Nacional. Las funciones relativas a Lazaretos quedan adscritas a la Dirección General de Lazaretos y las relativas a salubridad e higiene públicas quedan adscritas a la Dirección Nacional de Higiene y Asistencia Públicas” (art. 1).
[17] En 1931 se reorganizó nuevamente el Ministerio de Educación, dividiéndolo en dos grandes departamentos: administrativo y técnico. Ver: Helg, A. (1987). La educación en Colombia 1918-1957. Una historia social, económica y política, Bogotá; CEREC, p. 139. Esta diferenciación es un aspecto significativo desde el punto de vista de las organizaciones, que incidirá en las instancias regionales.
[18] Ver: artículo 1, Acuerdo 52 de 1933 (diciembre 29), por el cual se reglamenta la función instruccionista del municipio de Bogotá.
[19] Ver: Exposición de Motivos, proyecto de Acuerdo 32 de 1933 (que se numeraría Acuerdo 52).
[20] Ver: Acuerdo 52 de 1933, art. 5.
[21] Ibíd., art. 7.
[22] Ibíd., art. 11.
[23] Ver: acuerdos 14 y 43 de 1934.
[24] Acuerdo 43 de 1934, por el cual se reforman los acuerdos 52 de 1933 y 14 de 1934.